Desmontando los Mitos sobre la Inmigración en España
El discurso público en las sociedades capitalistas contemporáneas está saturado por el llamado "problema de la inmigración". Presentado como una crisis de seguridad, una carga económica o una amenaza cultural, este fenómeno es, en realidad, uno de los constructos ideológicos más potentes y eficaces de la clase dominante. Lejos de ser una expresión espontánea de la ansiedad popular, el pánico antiinmigrante es una campaña de propaganda deliberadamente cultivada y diseminada por el aparato ideológico del Estado burgués (sus medios de comunicación y sus partidos políticos). Esta campaña cumple funciones estratégicas cruciales para la perpetuación del sistema de explotación capitalista. Hoy veremos cómo.
En primer lugar, y de manera fundamental, la propaganda racista y xenófoba sirve para dividir a la clase proletaria. Al trazar líneas artificiales de fractura basadas en la nacionalidad, el origen étnico o el color de la piel, la burguesía obstaculiza el desarrollo de una conciencia de clase unificada. Enfrenta al trabajador "nativo" contra el trabajador "extranjero" en una competencia ficticia por empleos y recursos, impidiendo que ambos reconozcan a su verdadero enemigo común: la clase capitalista que se apropia del valor que ambos producen. Esta estrategia de "divide y vencerás" es tan antigua como el propio capitalismo.
En segundo lugar, el inmigrante es construido como el chivo expiatorio perfecto para las contradicciones inherentes al capitalismo. El desempleo estructural, la compresión salarial, el desmantelamiento de los servicios públicos, la precariedad vital y la anomia social no son anomalías, sino resultados inevitables de un modo de producción basado en la acumulación de capital a través de la explotación. Al culpar al eslabón más débil de la cadena (el trabajador migrante) de estos males sistémicos, la clase dominante desvía la ira y la frustración de las masas trabajadoras lejos de sí misma y de las relaciones de producción que generan la miseria. El odio dirigido hacia el inmigrante es energía revolucionaria potencial neutralizada y redirigida hacia una falsa amenaza. Para más información, os dejo este artículo: Inmigración en Europa, la Consecuencia Inevitable del Imperialismo en África.
En tercer lugar, la criminalización y estigmatización del inmigrante justifica y legitima su superexplotación económica. Al despojarlo de plenos derechos legales y sociales, el Estado capitalista lo convierte en una fuerza de trabajo dócil, barata y desechable, un "ejército industrial de reserva" en su forma más pura. Esta masa de trabajadores precarizados no solo genera enormes beneficios para los capitalistas en sectores específicos, sino que también ejerce una presión a la baja sobre los salarios y las condiciones laborales de toda la clase obrera, incluidos los trabajadores "nativos".
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| Dos agentes fronterizos libios dan agua a un migrante africano en una zona desértica en la frontera entre Túnez y Libia en julio de 2023. Hazem Turkia (Anadolu Agency/ Getty Images). |
Desmontaremos pues, uno por uno, los principales mitos sobre la inmigración en España, utilizando para ello los propios datos generados por el aparato estatal. Demostraremos que la narrativa que vincula inmigración con delincuencia es una falsificación estadística; que la explotación del trabajador migrante es una condición necesaria para la rentabilidad de sectores clave del capitalismo español; y que el discurso sobre el abuso de las ayudas sociales es una mentira diseñada para justificar la austeridad y enfrentar a los pobres entre sí.
"El Inmigrante Delincuente"
El pilar fundamental de la propaganda antiinmigrante es la asociación fabricada entre la población extranjera y la criminalidad. Este mito, repetido incesantemente por la reacción política y sus altavoces mediáticos, busca generar un pánico moral que justifique políticas represivas y la exclusión social. Sin embargo, un análisis riguroso de los datos oficiales no solo desmiente esta correlación, sino que expone el carácter clasista y racista del aparato represivo del Estado burgués: la policía, los tribunales y el sistema penitenciario.
La premisa fundamental del discurso xenófobo es que un aumento de la población inmigrante conduce inevitablemente a un aumento de la delincuencia. Esta afirmación carece de toda base empírica. De hecho, los datos históricos en España muestran una tendencia inversa. Durante el período de mayor crecimiento de la población inmigrante, entre 2005 y 2011, cuando la tasa de inmigrantes pasó del 8,5% al 12,2% de la población total, la tasa de criminalidad general no aumentó, sino que descendió de 50,6 a 48,4 delitos por cada 1.000 habitantes.
Estudios más amplios que comparan regiones a nivel europeo llegan a la misma conclusión contundente: la inmigración, en agregado, no incrementa los niveles de delincuencia. La narrativa del pánico se construye, por tanto, sobre una premisa fáctica que es manifiestamente falsa.
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| Alberto Valdés / EFE |
Los ideólogos de la burguesía recurren a una manipulación estadística más sutil: el uso de las "tasas" de condenados por cada 1.000 habitantes. Es cierto que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2023, la tasa de adultos condenados de nacionalidad extranjera (14,6 por cada 1.000) fue 2,5 veces superior a la de nacionalidad española (5,8 por cada 1.000). Para el reaccionario, este dato es la prueba irrefutable de una supuesta "propensión a delinquir" de los extranjeros. Para el análisis materialista, este dato no es más que el reflejo de cómo el sistema de justicia penal opera como un filtro de clase y raza.
La sobrerrepresentación en las condenas no se origina en un comportamiento diferencial, sino en una actuación diferencial del aparato represivo del Estado. El proceso comienza en la calle, con la actuación policial. El inmigrante, especialmente si es pobre y racializado, es objeto de una vigilancia y un escrutinio mucho más intensos que el ciudadano nativo. Esta persecución selectiva conduce a un número desproporcionadamente alto de detenciones. Sin embargo, los propios datos revelan el sesgo: mientras que la tasa de detenidos extranjeros es de 20,58 por cada 1.000, la de condenados es de apenas 3 por cada 1.000, lo que significa que menos de la mitad de los extranjeros detenidos terminan siendo condenados.
En contraste, la tasa de condenados españoles (4,28 por cada 1.000) representa más de la mitad de su tasa de detenidos. Esto indica que la policía detiene a extranjeros con un umbral de sospecha mucho más bajo, sometiéndolos al engranaje judicial con pruebas más débiles. Este sesgo se magnifica con el uso de la prisión preventiva. Los extranjeros constituyen el 40% de la población carcelaria total, pero ascienden al 60% de los encarcelados antes de una sentencia firme. En 2024, casi 3 de cada 10 presos extranjeros estaban en prisión preventiva, una medida que solo se aplicaba a 1 de cada 10 presos españoles.
La prisión preventiva no es una medida cautelar neutra; es una herramienta de coacción inmensa. Un trabajador inmigrante, sin recursos económicos, sin red de apoyo familiar sólida y a menudo con dificultades idiomáticas y de comprensión del sistema legal, es extremadamente vulnerable en esta situación. El encarcelamiento previo al juicio debilita su capacidad de defensa, lo aísla y lo presiona para aceptar acuerdos de culpabilidad, independientemente de su inocencia real, con tal de poner fin a su encarcelamiento. Así, el sistema no "descubre" delincuentes; los produce activamente a través de un proceso de selección y coacción que se ceba en los más vulnerables.
El enfoque en las "tasas" es, por tanto, un arma ideológica. Permite crear una imagen de pánico a partir de números absolutos relativamente pequeños. Un puñado de delitos cometidos por miembros de una comunidad inmigrante poco numerosa puede generar una "tasa" alarmante, mientras que decenas de miles de delitos cometidos por la población nativa, mucho más numerosa, se diluyen en una "tasa" más baja. La inmensa mayoría de las personas de origen extranjero no cometen delitos. Son trabajadores, estudiantes, vecinos y familias que contribuyen cada día a la sociedad, y juzgarlos a través del prisma deformado de las "tasas" es una falacia que debemos rechazar de plano.
Además, la propaganda burguesa oculta deliberadamente el hecho de que la inmensa mayoría de los delitos en España son cometidos por ciudadanos españoles. En 2023, el 72,3% de los adultos condenados tenía nacionalidad española. En delitos específicos que generan gran alarma social, el patrón se repite: el 67,5% de los condenados por tráfico de drogas son españoles, al igual que el 69,21% de los condenados por delitos sexuales. El foco obsesivo en la nacionalidad del 27,7% restante es una elección política, no una conclusión estadística.
Por si fuera poco, suelen añadir el rasgo de la reincidencia. De nuevo, los datos desmienten esta caricatura. La gran mayoría de los reincidentes en España son de nacionalidad española, representando el 88,61% del total, frente a un 11,38% de extranjeros. Cuando se analizan las tasas de reincidencia penitenciaria (el porcentaje de excarcelados que vuelven a prisión), las cifras son muy similares para ambos grupos, e incluso contradictorias según la fuente, lo que indica que no existe un patrón diferencial significativo. Un estudio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias señalaba una tasa de reincidencia del 24,83% para españoles frente a un 7,92% para extranjeros. Otro estudio en Cataluña arrojaba cifras del 20,4% para españoles y del 22,2% para extranjeros.
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| Refugiados sirios que huyeron de Tel Abiad / EFE |
Estas pequeñas variaciones demuestran que, una vez cumplida la condena, el comportamiento de los individuos no está determinado por su pasaporte, sino por las condiciones materiales de exclusión y pobreza a las que se enfrentan al salir de prisión, condiciones que afectan tanto a nativos como a extranjeros.
En conclusión, el mito del "inmigrante delincuente" se desmorona ante un escrutinio serio de los datos. Lo que las estadísticas realmente muestran no es una mayor inclinación al delito por parte de los extranjeros, sino la existencia de un sistema de justicia penal que funciona como un mecanismo de control de clase, seleccionando, persiguiendo y criminalizando de forma desproporcionada al sector más precarizado y racializado del proletariado.
El Racismo como Herramienta de División
Dentro de la estrategia general de dividir a la clase obrera, la burguesía emplea tácticas más refinadas que consisten en crear jerarquías y antagonismos dentro de la propia población inmigrante. La más burda y racista de estas tácticas es la que contrapone al inmigrante europeo, presentado como asimilable y civilizado, con el inmigrante africano, caricaturizado como una amenaza existencial. Este discurso, aunque basado en una manipulación de las estadísticas, revela la lógica profunda del racismo como ideología al servicio de la dominación de clase. El análisis de los datos demuestra que las diferencias en los datos de criminalidad no responden a la raza o la cultura, sino a los distintos grados de explotación y opresión que el sistema capitalista impone a los diferentes contingentes del ejército de reserva de mano de obra.
El primer paso para desmontar esta narrativa es presentar los datos en su totalidad, en lugar de las cifras seleccionadas y descontextualizadas que utiliza la propaganda de la extrema derecha. Según la Estadística de Condenados del INE para el año 2023, el número total de personas de nacionalidad extranjera condenadas por delitos fue de 111.714. De estas, 37.316 procedían de países de África. Sin embargo, un número aún mayor, 39.244, procedían de países de América. Los condenados de países de la Unión Europea (sin contar España) fueron 23.584.
Estos datos muestran que la delincuencia entre la población extranjera es un fenómeno distribuido entre múltiples orígenes, y que el grupo más numeroso de condenados no es el africano, sino el americano. Sin embargo, el pánico mediático y político se concentra de manera casi exclusiva en los inmigrantes procedentes de África, y más concretamente del Magreb. Esta selección deliberada del objetivo no es casual; responde a una construcción racista histórica del "moro" como el "otro" fundamental en el imaginario nacional español.
La propaganda reaccionaria ignora los números absolutos y se centra obsesivamente en las tasas de condena por cada 100.000 habitantes. Es cierto que, si se realiza este cálculo cruzando los datos de condenados con los datos de población residente, la tasa para la población africana es más alta que para otros grupos en ciertas categorías delictivas, como los delitos sexuales o los robos. Pero presentar esta tasa como una prueba de la propensión criminal de un colectivo es una falacia estadística y una abyección ideológica, veamos por qué.
En 2023, 160 de los 676 condenados por agresión sexual eran africanos, lo que supone un 23% del total, a pesar de que este colectivo representa solo un 2,4% de la población. Esta sobrerrepresentación es el resultado directo de la intersección de la posición de clase (pobreza y marginación extremas), el perfilamiento racial por parte de la policía y el sesgo de un sistema judicial que se ceba en los más vulnerables.
La violencia sexual es una de las manifestaciones más brutales de la opresión en la sociedad de clases. La propaganda burguesa, en su afán por dividir al proletariado, instrumentaliza esta lacra, presentándola no como un producto de las relaciones sociales patriarcales y de la alienación inherente al capitalismo, sino como un rasgo cultural o racial importado por la inmigración, especialmente la africana. Esta es una falsificación deliberada y malintencionada, como ya hemos demostrado.
Por tanto, queda demostrado que la tasa de delincuencia más elevada entre la población de origen africano no tiene nada que ver con su origen geográfico o su cultura, sino con su posición de clase. Los inmigrantes procedentes de África, y en particular del Magreb, son sistemáticamente empujados a los estratos más bajos y precarios del proletariado en España. Se enfrentan a una combinación brutal de barreras: explotación laboral extrema, e xclusión residencial, b arreras legales y burocráticas y r acismo institucional y social.
En contraste, un inmigrante de un país de la Unión Europea, por ejemplo, llega a España con plenos derechos de residencia y trabajo. No se enfrenta a la amenaza de la deportación, tiene sus títulos académicos reconocidos, no es percibido como una amenaza racial y a menudo dispone de mayor capital económico y social. Su tasa de delincuencia es la más baja de todos los grupos, con 20 condenados por cada mil, frente a los 41 por mil del resto de nacionalidades no comunitarias.
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| Maria Ximena | Imagen propiedad de: AP |
Comparar la tasa de delincuencia de un ingeniero alemán que trabaja en una multinacional en Barcelona con la de un jornalero marroquí sin papeles que vive en un asentamiento chabolista en Huelva y atribuir la diferencia a su continente de origen es el tipo de mistificación ideológica que sirve para ocultar la realidad de la lucha de clases. La diferencia no es entre un europeo y un africano; es entre un miembro de la pequeña burguesía o de la aristocracia obrera y un miembro del lumpenproletariado.
Lo que las estadísticas reflejan no es la criminalidad de los africanos, sino la criminalización de la pobreza cuando esta se combina con el racismo. El Estado capitalista, a través de su policía, no persigue el delito en abstracto; persigue a las poblaciones que define como "peligrosas", y esa definición está inextricablemente ligada a la clase y la raza. Un joven magrebí en un barrio obrero tiene infinitas más probabilidades de ser parado, identificado y detenido por una falta menor que un joven español de clase media. Es esta vigilancia selectiva la que infla artificialmente las estadísticas de detenciones y, consecuentemente, de condenas para este colectivo.
Esta construcción de jerarquías no solo enfrenta al trabajador nativo con el africano, sino que también genera divisiones dentro de la propia clase obrera inmigrante, enfrentando a latinoamericanos con magrebíes, o a europeos del este con subsaharianos. Al crear un enemigo interno claramente identificable y racializado, el sistema canaliza el descontento social hacia un objetivo seguro, fractura la solidaridad de los explotados y refuerza la hegemonía ideológica de la clase dominante.
La Raíz del Delito: La Miseria del Sistema Capitalista
Para trascender la superficie engañosa de las estadísticas y las narrativas racistas, es imperativo aplicar un análisis materialista a la cuestión del delito en sí misma. La criminología burguesa, en sus diversas vertientes, busca las causas del crimen en la patología individual, la deficiencia moral, la cultura o la genética, siempre evitando señalar al sistema socioeconómico. Por el contrario, desde una perspectiva marxista, el delito no es una aberración o una disfunción, sino una consecuencia lógica y estructural de las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista. El capitalismo no solo "produce" delincuencia; es, en su misma esencia, un sistema criminógeno.
El capitalismo se fundamenta en una serie de valores que, llevados a su conclusión lógica, fomentan comportamientos antisociales y delictivos. La competencia despiadada, el individualismo egoísta, el materialismo y la búsqueda incesante del beneficio personal a expensas de los demás son los principios que rigen la sociedad burguesa.
El sistema glorifica la acumulación de riqueza como el máximo objetivo vital, pero al mismo tiempo, por su propia estructura, niega a la gran mayoría de la población los medios legítimos para alcanzar ese objetivo. Esta disociación fundamental entre las metas culturales impuestas (el "éxito" material) y la estructura de oportunidades real (marcada por la explotación y la desigualdad de clase) genera una tensión social permanente que se manifiesta, entre otras formas, en la delincuencia.
Como señaló el teórico marxista David Gordon, el capitalismo es una "sociedad de perros que comen perros". En un entorno así, la distinción entre una actividad empresarial "legal" y una actividad delictiva se vuelve borrosa. El capitalista que explota a sus trabajadores, el especulador financiero que arruina a miles de familias, la empresa que contamina el medio ambiente para maximizar sus ganancias; todos ellos actúan según la misma lógica de maximización del interés propio que impulsa al ladrón o al estafador, con la única diferencia de que sus "delitos" están sancionados y protegidos por la ley burguesa. El crimen, en este sentido, es simplemente la aplicación de la lógica capitalista por parte de aquellos que carecen del capital necesario para hacerlo legalmente.
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| Un niño sirio, que huye de la guerra en su país, espera en sobre las vías al tren que les llevará desde Macedonia hasta Serbia.- REUTERS / Stoyan Nenov. |
Para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, y especialmente para sus estratos más precarizados y para el lumpenproletariado, el delito no es una elección abstracta, sino una respuesta a condiciones materiales de existencia insoportables. La pobreza, la desigualdad y la exclusión social son los principales motores de la llamada "delincuencia común". Numerosos estudios empíricos confirman la existencia de una fuerte correlación positiva entre la desigualdad de ingresos y las tasas de criminalidad. Cuanto mayor es la brecha entre ricos y pobres, mayor es el incentivo para que los desposeídos recurran a medios ilegales para sobrevivir o para intentar acceder a los bienes de consumo que la sociedad les presenta como indispensables pero les niega en la práctica.
La necesidad económica directa, sin embargo, no es el único factor. El delito es también una manifestación de la profunda alienación que el capitalismo impone al ser humano. Separado del producto de su trabajo, de la comunidad y de su propia esencia creativa, el individuo bajo el capitalismo se ve reducido a una existencia atomizada y competitiva. El crimen puede ser una forma de rebelión individual y desorganizada contra estas condiciones opresivas, una afirmación distorsionada de la propia agencia en un mundo que niega la humanidad del trabajador.
La necesidad económica no genera el delito por sí sola, pero crea las condiciones de debilitamiento de los lazos familiares y comunitarios que lo hacen más probable. Para un joven de un barrio obrero sin perspectivas de empleo estable, con un sistema educativo que lo ha expulsado y enfrentado a la precariedad diaria, el "beneficio" potencial de un robo (obtener recursos para la subsistencia inmediata) puede superar racionalmente el "coste" esperado (la probabilidad de ser detenido y encarcelado), sobre todo cuando la alternativa legal es una vida de explotación por un salario miserable o el desempleo crónico. El sistema capitalista crea un marco de opciones en el que el delito se convierte en una estrategia de supervivencia racional para los excluidos, para luego castigar brutalmente a los individuos por tomar la única salida que el propio sistema les ha dejado.
Finalmente, es crucial entender que el propio concepto de "delito" no es neutro ni universal. El sistema legal y el código penal en una sociedad de clases no son la encarnación de la justicia abstracta, sino que constituyen una superestructura ideológica y represiva diseñada para proteger las relaciones de producción dominantes.
La función primordial de la ley burguesa es la defensa de la propiedad privada de los medios de producción, que es la base del poder de la clase capitalista. Las leyes se escriben y se aplican para perpetuar el orden existente. Por ello, los actos que atentan contra la propiedad privada (el hurto, el robo, la usurpación) son definidos como delitos graves y perseguidos con saña. Mientras tanto, el mayor robo de todos, la expropiación diaria del plusvalor generado por la clase obrera, no solo es legal, sino que es la piedra angular de todo el orden económico y jurídico.
El Estado capitalista define como "criminal" al trabajador hambriento que roba una barra de pan, mientras que define como "emprendedor de éxito" al capitalista que se apropia de la riqueza creada por miles de trabajadores. La justicia penal, por tanto, desempeña un papel ideológico fundamental: presenta un sistema que defiende los intereses de una clase particular como si fuera la expresión de la razón y la justicia universales.
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| Un grupo de niños de la etnia musulmana rohinyá posan en un campamento de refugiados / Agencia EFE. |
Al castigar el delito individual, el Estado reafirma la santidad de la propiedad privada y la legitimidad del orden capitalista, ocultando la violencia y la coerción sistémicas que lo sustentan. Por tanto, la lucha contra la delincuencia no puede limitarse a la reforma del sistema penal; debe ser una lucha por la abolición de las condiciones materiales (la propiedad privada y la explotación de clase) que la generan.
La Explotación Laboral del Proletariado Inmigrante
Lejos de ser un problema, la mano de obra inmigrante es una solución para el capital. Cumple el papel clásico del "ejército industrial de reserva", un concepto desarrollado por Marx para describir a la masa de trabajadores desempleados o subempleados cuya existencia es funcional para el sistema. Esta reserva de mano de obra permite a los capitalistas presionar los salarios a la baja, quebrar la resistencia sindical y disponer de una fuerza de trabajo flexible y barata para los sectores de mayor explotación. En España, la economía de las últimas décadas no podría entenderse sin la superexplotación sistemática del proletariado inmigrante.
El mercado de trabajo español no es un espacio homogéneo. Está profundamente segmentado, y la nacionalidad y el estatus migratorio son ejes fundamentales de esta segmentación. El sistema canaliza de forma sistemática a los trabajadores inmigrantes, especialmente a los procedentes de países no comunitarios, hacia los peores empleos de la economía.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) son claros: la población inmigrante está masivamente sobrerrepresentada en los sectores más precarios y de menor valor añadido. Constituyen, por ejemplo, el 72% del empleo en el servicio doméstico, el 45% en la hostelería, y un porcentaje muy elevado en la construcción y la agricultura intensiva.
Estos no son empleos cualesquiera. Son nichos laborales caracterizados por una combinación de bajos salarios, alta temporalidad, ausencia de derechos sindicales, largas jornadas, dureza física y nulas perspectivas de promoción. Son, en definitiva, los trabajos que la fracción más estable de la clase obrera nativa, gracias a décadas de lucha y a la existencia (aunque menguante) de un estado del bienestar, está en condiciones de rechazar. La inmigración proporciona al capital una fuente de mano de obra que, debido a su vulnerabilidad legal, social y económica, se ve forzada a aceptar estas condiciones de explotación extrema. La tasa de paro entre los inmigrantes africanos, por ejemplo, triplica la de los españoles, lo que evidencia la enorme presión a la que están sometidos para aceptar cualquier tipo de empleo, por precario que sea.
Para comprender la brutalidad de este sistema, examinemos dos de sus manifestaciones más extremas en España:
- Las temporeras de Huelva. La industria de la fresa y los frutos rojos en Andalucía es un modelo de acumulación capitalista basado en la superexplotación de mano de obra femenina y migrante, principalmente de Marruecos.
- Las trabajadoras del hogar. El sector del empleo doméstico y de cuidados es otro pilar de la economía española que descansa sobre los hombros de las mujeres inmigrantes, en su mayoría latinoamericanas.
La existencia de este estrato superexplotado no solo beneficia a los capitalistas de la agricultura o a las familias acomodadas. Tiene un efecto disciplinario sobre el conjunto de la clase obrera. La burguesía utiliza al trabajador inmigrante como un arma en la lucha de clases, agitando la amenaza de la sustitución para reprimir las demandas salariales y desmantelar los derechos laborales conquistados.
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| Víctor Lerena | Imagen propiedad de: EFE. |
Esta dinámica demuestra que la defensa de los controles migratorios y las políticas de "mano de obra local primero" no es una estrategia de defensa de los trabajadores, sino una concesión a la ideología nacionalista de la burguesía que, en última instancia, debilita a toda la clase. Al aceptar el marco de la competencia entre trabajadores, en lugar de la unidad contra el capital, se le hace el juego al explotador.
El Mito de las "Ayudas"
Posiblemente el mito más insidioso y extendido de la propaganda xenófoba es el que presenta a los inmigrantes como una carga para el Estado del bienestar, como perceptores masivos de ayudas sociales que "viven del cuento" a costa de los impuestos de los trabajadores nativos. Esta narrativa, especialmente potente en períodos de crisis económica y recortes sociales, es una falsedad demostrable con los propios datos oficiales. Su función ideológica es crucial para el proyecto neoliberal: ocultar que el desmantelamiento de los servicios públicos es una decisión política de la clase dominante y, en su lugar, culpar de la escasez de recursos a la población más vulnerable, fomentando así una guerra dentro de toda la clase trabajadora.
Un examen de las principales prestaciones sociales no contributivas en España revela, sin ningún tipo de dudas, que los beneficiarios son mayoritariamente de nacionalidad española. La propaganda se basa en anécdotas, bulos de redes sociales y mentiras descaradas, no en la realidad estadística:
- Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es la principal herramienta del Estado contra la pobreza extrema. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el perfil medio del titular de esta prestación es una mujer de 45 años y de nacionalidad española.
- Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en Cataluña. Los datos de esta comunidad autónoma, una de las que recibe mayor población inmigrante, son igualmente claros. En 2021, el 80% de los titulares de la RGC eran de nacionalidad española. Si se consideran todos los miembros de los hogares beneficiarios, el porcentaje de españoles sigue siendo abrumadoramente mayoritario.
- Vivienda Pública. El acceso a la vivienda social es otro de los focos de la demagogia xenófoba. De nuevo, los datos de Cataluña demuestran la realidad: el 85% de los adjudicatarios de una vivienda de protección oficial en 2021 eran españoles. De hecho, entre los solicitantes en lista de espera, el 77% eran españoles.
Estos datos no son opiniones, son hechos verificables. Demuestran que la imagen del inmigrante acaparador de ayudas es una pura invención.
El análisis de los datos revela una realidad aún más profunda y escandalosa que la simple refutación del bulo. Dada su situación de extrema vulnerabilidad económica, la población inmigrante está, de hecho, infrarrepresentada entre los perceptores de ayudas sociales. En España, el riesgo de pobreza para los hogares encabezados por una persona inmigrante es 2,5 veces mayor que para los hogares de personas nacidas en España.
Que esto no sea así indica la existencia de importantes barreras que impiden a la población inmigrante en situación de pobreza acceder a las prestaciones a las que tendría derecho. La barrera más fundamental es la situación administrativa: la inmensa mayoría de las ayudas sociales del Estado español están condicionadas a la residencia legal de los solicitantes, excluyendo de facto a cualquier persona en situación irregular o "sin papeles".
Este debate sobre las ayudas a la población migrante es, en realidad, una cortina de humo que oculta a los verdaderos grandes beneficiarios de los fondos públicos: el sector empresarial. Mientras se escudriñan con lupa las ayudas de emergencia de unos pocos cientos de euros destinadas a familias en situación de pobreza, se normaliza la transferencia de miles de millones de euros a grandes empresas a través de rescates bancarios, exenciones fiscales, subvenciones y contratos públicos. La cruda realidad es que el grueso del dinero público que se destina a ayudas no va a parar a los bolsillos de las personas más necesitadas, ya sean autóctonas o extranjeras, sino a engrosar las cuentas de resultados de corporaciones que, en muchos casos, ya gozan de inmensos beneficios. Por tanto, el foco puesto sobre la población inmigrante no es solo una falacia, sino una estrategia deliberada para desviar la atención del verdadero debate: el de un modelo que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias, rescatando a los más ricos mientras se estigmatiza a los vulnerables.
Si el mito de las ayudas es tan evidentemente falso, ¿por qué es tan persistente y políticamente eficaz? Porque cumple una función ideológica indispensable para la clase dominante en la fase actual del capitalismo. El proyecto neoliberal exige la reducción del gasto social y el desmantelamiento del Estado del bienestar para transferir esa riqueza a la clase capitalista a través de, tal y como se explica en el párrafo anterior, rescates bancarios, rebajas de impuestos y privatizaciones.
Estos recortes (listas de espera en sanidad, ratios elevadas en educación, insuficiencia de las pensiones y prestaciones) generan un enorme descontento social. Para gestionar este descontento, la burguesía necesita un relato que lo desvíe de las causas reales. El mito del inmigrante que "se lleva las ayudas" es ese relato. Transforma una decisión política de clase (la austeridad) en un falso problema demográfico o de gestión. El mensaje implícito es: "No hay recursos para todos porque los inmigrantes los agotan". De este modo, se enfrenta al pensionista nativo con la familia inmigrante, al parado local con el trabajador extranjero, en una lucha por las migajas que el capital ha dejado.
La narrativa se invierte completamente cuando se analiza la contribución fiscal de la población inmigrante. Los inmigrantes no son una carga, sino contribuyentes netos al sistema. Por su perfil demográfico (son, en promedio, mucho más jóvenes que la población nativa), tienen una alta tasa de actividad y participación en el mercado laboral.
Al mismo tiempo, hacen un uso menos intensivo de los servicios públicos más caros, como las pensiones o la sanidad para enfermedades crónicas asociadas a la vejez. Su llegada ha sido un balón de oxígeno demográfico y económico para España, permitiendo mantener en funcionamiento sectores estratégicos y apuntalando la sostenibilidad del sistema de bienestar.
La Solidaridad Internacionalista como Única Respuesta
Hemos demostrado que la supuesta correlación entre inmigración y delincuencia es una falsificación estadística que oculta el sesgo clasista y racista del aparato represivo del Estado. Hemos evidenciado que el trabajador inmigrante no es un competidor del trabajador nativo, sino un compañero de clase sometido a una forma de explotación aún más brutal, cuya existencia como "ejército de reserva" beneficia únicamente al capital. Y hemos probado que el mito de los inmigrantes como una carga para el Estado del bienestar es una mentira propagandística diseñada para justificar la austeridad neoliberal y enfrentar a los explotados entre sí.
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| Manifestación contra el racismo en una imagen de archivo. EFE. |
Este desmontaje de los mitos burgueses nos obliga a elevar la mirada y comprender la función de las fronteras nacionales en la era del capitalismo global. Las fronteras no son líneas naturales ni eternas; son construcciones políticas y sociales del Estado-nación burgués. En la etapa actual del desarrollo capitalista, su función principal es la de regular y segmentar el mercado mundial de la fuerza de trabajo.
La frontera crea una distinción artificial entre el trabajador "ciudadano" y el "extranjero", dotando al primero de ciertos derechos (cada vez más mermados) y despojando al segundo de ellos. Esta diferenciación legal es la que permite al capital la superexplotación de la mano de obra migrante, convirtiendo su estatus de "ilegalidad" en una fuente de beneficio extraordinario. Las fronteras, por tanto, no son muros para proteger a la nación, sino membranas selectivas diseñadas para filtrar y disciplinar la fuerza de trabajo en beneficio del capital.
Frente a esta estrategia global del capital, la respuesta del proletariado no puede ser el repliegue nacionalista. Exigir "controles fronterizos más estrictos" o defender políticas de "preferencia nacional" es caer en la trampa de la burguesía. Es aceptar su marco de análisis, que presenta a los trabajadores de diferentes países como enemigos en competencia, en lugar de como aliados en una lucha común. Tales políticas no solo son una traición a los principios más básicos del socialismo, sino que son estratégicamente suicidas para la propia clase obrera nativa. Cada derecho que se le niega al trabajador inmigrante hoy, es un derecho que se le podrá negar al trabajador nativo mañana. Cada vez que se permite la rebaja de salarios en un sector por la contratación de mano de obra precaria, se establece un nuevo suelo a la baja para todos los salarios.
La defensa de los plenos derechos laborales, sociales y políticos para todos los trabajadores, sin distinción de su lugar de nacimiento, no es un acto de caridad abstracta; es una necesidad material y estratégica para la defensa de las condiciones de vida de toda la clase obrera. La única respuesta consecuente y revolucionaria a la ofensiva xenófoba de la burguesía es el internacionalismo proletario. Esto implica una lucha en múltiples frentes: en los sindicatos, para organizar a los trabajadores migrantes y luchar contra cualquier forma de discriminación salarial o de condiciones; en los barrios, para combatir el racismo y construir lazos de solidaridad de clase; y a nivel político, para exigir la derogación de todas las leyes de extranjería represivas, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), y la regularización incondicional de todas las personas migrantes.
La cuestión migratoria es un espejo que refleja la barbarie inherente al sistema capitalista. Las imágenes de personas ahogándose en el Mediterráneo, las familias destrozadas por las deportaciones, las vidas consumidas en la explotación de los campos y las cocinas de Europa, son una acusación directa a un sistema que prioriza el beneficio por encima de la vida humana. La migración forzada es el producto directo de un orden mundial imperialista que saquea los recursos del Sur Global, fomenta guerras por delegación y provoca una crisis climática que hace inhabitables vastas regiones del planeta.
Por tanto, no podemos limitarnos a únicamente lamentar esta tragedia humana. Es imperativo ofrecer una salida. La lucha por la defensa de los migrantes hoy es parte inseparable de la lucha por un futuro en el que la migración deje de ser una huida desesperada de la miseria y se convierta en una expresión de la libre circulación de los seres humanos en un planeta compartido. El objetivo final es la abolición de las condiciones que generan la migración forzada: la abolición de la propiedad privada, la explotación, las clases sociales y los Estados-nación que las defienden.
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| ¡Proletarios de todos los países, uníos! / Alexander Petrovich Apsit |
El viejo lema, "¡Proletarios de todos los países, uníos!", resuena hoy con más urgencia que nunca. No es un ideal abstracto, sino la única guía práctica para la acción. La clase obrera es una y mundial, y solo unida, superando las divisiones artificiales de raza y nación que la burguesía le impone, podrá emanciparse a sí misma y, con ello, a toda la humanidad.